La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, prepara una modificación a la reforma constitucional que limita las llamadas pensiones doradas, luego de detectar una contradicción en el texto sobre el monto máximo que pueden recibir exservidores públicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que una disposición establece como tope el salario de la titular del Ejecutivo federal, mientras otra fija el límite en 50 por ciento de esa remuneración. Mientras se corrige la Constitución, el Gobierno determinó aplicar el criterio más favorable a los beneficiarios, por lo que algunas pensiones no podrán superar el salario presidencial.

La reforma contempla instituciones como CFE, Nacional Financiera y Banobras, aunque el Banco de México quedó fuera por su autonomía constitucional. Sheinbaum señaló que algunas jubilaciones de exfuncionarios del banco central superan los 400 mil pesos mensuales y pidió revisar esos montos, mientras la Consejería Jurídica prepara el ajuste para definir claramente el límite aplicable.