Guadalupe Taddei Zavala reiteró que no renunciará a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), pese a los señalamientos de presuntos conflictos de interés e irregularidades en contratos otorgados a empresas vinculadas con José Alfredo Hernández Casillas, una persona cercana a la funcionaria. Ante su postura, el juicio político y el desafuero figuran como posibles vías legales para separarla del cargo.

El artículo 110 de la Constitución establece que las consejerías electorales pueden ser sujetas a juicio político. El procedimiento inicia con una denuncia y requiere la intervención de la Cámara de Diputados; si la acusación avanza, el Senado puede determinar la destitución y la inhabilitación de uno a 20 años, conforme a las mayorías establecidas por la ley.

La segunda alternativa es el desafuero, contemplado en el artículo 111 constitucional. Para proceder penalmente contra Taddei por posibles delitos cometidos durante su encargo, la Cámara de Diputados tendría que declarar que existe lugar a proceder, con lo que las autoridades competentes podrían continuar con el proceso correspondiente.

Sin embargo, la aplicación de cualquiera de estas vías depende de que se cumplan los requisitos legales y de las decisiones de las cámaras legislativas. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la decisión de renunciar corresponde a Taddei, mientras que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, sostuvo que los legisladores no pueden exigirle directamente que deje el cargo.